Motocultores, corrupción al descubierto (Parte III y última)

Aquí la respuesta punto por punto a la supuesta aclaratoria firmada por Avelino Hernández Vélez, enlace de Comunicación Social de la Secretaría de Desarrollo Rural, Sustentabilidad y Ordenamiento Territorial, pero ordenada por sus jefes para acusarme de hacer afirmaciones sin fundamento respecto a la fraudulenta adquisición de 1,690 motocultores al cuádruple de su precio real en 2012.

Para evidenciar la falsedad de los puntos de la carta, pondré primero lo que esta dice, y luego lo que en realidad aparece en el pliego de observaciones suscrito por el auditor especial de Cumplimiento Financiero de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), Juan Javier Pérez Saavedra.

1. En primer lugar, debe usted saber que no existen las irregularidades que menciona, además de carecer de pruebas, las instancias correspondientes solventaron en tiempo y forma las observaciones que hizo en su momento la Auditoría Superior de la Federación.

La mejor prueba de que las observaciones hechas por la ASF al gobierno de Moreno Valle no se han solventado es que el nuevo pliego de observaciones está fechado el 15 de octubre del año en curso, por lo que se trata de un pliego distinto al que se dio a conocer en febrero de este año.

 

2. Es importante que sepa que las Reglas de Operación del programa que menciona, son emitidas por el Gobierno Federal a través de la SAGARPA (Secretaria de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación) mismas que esta administración ha cumplido cabalmente en beneficio de los productores.

En la hoja 7 del pliego en cuestión no sólo se asienta lo contrario, sino que se especifican las irregularidades cometidas por la Secretaría de Desarrollo Rural y el daño patrimonial causado a la hacienda pública federal al adquirir dichos motocultores a “dos proveedores de un mismo grupo comercial, los cuales fueron entregados de manera gratuita por parte del Gobierno del Estado de Puebla, sin que los beneficiarios eligieran las características ni los proveedores, no obstante que era su derecho, adquirir el bien con el proveedor que libremente eligieran; los equipos se adquirieron con precios muy elevados respecto de su costo real”.

Pero si lo anterior no fuera suficiente, la ASF presume que los expedientes de los beneficiarios de los 1,690 motocultores “fueron regularizados para pretender sustentar que se habían cumplido con los requisitos establecidos, sin embargo, de acuerdo con un perito en grafoscopia adscrito a la Auditoría Superior de la Federación, las firmas de la credencial de elector, de 168 beneficiarios no provienen del mismo origen gráfico que las plasmadas en los Anexos IV ´Solicitud General de Apoyo´ y V ´Proyecto Simplificado´”.

3. Resulta imprescindible aclarar que el Gobierno del Estado no adquiere mototractores; la lógica de los programas en coejercicio con la Sagarpa, es atender a la demanda y la responsabilidad de la administración estatal es la recepción de los expedientes de los sujetos de apoyo para dictaminar la pertinencia de los mismos.

Aunque lo antes mencionado ya sería suficiente para echar abajo este punto, no está de más reproducir parte de la hoja 2 del pliego enviado al gobierno del estado hace apenas un mes.

“… se aplicaron entrevistas a 441 beneficiados de los motocultores, de los cuales 325 que representan el 73.7% y el 19.2% de los beneficiarios entrevistados y el 19.2% del total de los apoyados con dicho equipo, informaron que los motocultores les fueron entregados por parte del Gobierno del Estado de Puebla, sin que ellos eligieran las características, la marca, ni el proveedor”.

“Adicionalmente, resulta cuestionable que todos los beneficiarios que radican en 151 municipios del estado de Puebla, cuyas características orográficas son diferentes, coincidieran con dos proveedores de un mismo grupo, que tenían sus domicilios en el Distrito Federal”.

4. Es importante resaltar que las Reglas de Operación establecen que, una vez que los expedientes cumplen con los requisitos previstos en éstas, son los beneficiarios quienes eligen al proveedor, el cual, debe cumplir para el caso de maquinaria, con la certificación del OCIMA.

Al respecto, el pliego refiere que la ASF solicitó a OCIMA-INIFAP un diagnóstico técnico de los motocultores, pero que no pudo llevarse a cabo debido a que el equipo entregado para hacer las pruebas no sólo era distinto al facturado por el proveedor, sino diferente al que fue distribuido a los productores, amén de que se encontraba con las velocidades trabadas, lo que impidió el diagnóstico.

5. En este sentido, cabe señalar que durante 2012, sólo había una marca de motocultores que cumplía con dicha certificación, pues una empresa adicional que tenía el certificado, sólo vendía mototractores, que son equipos con características técnicas inferiores. Si los beneficiarios eligen una empresa que carezca de la certificación del OCIMA, no son susceptibles de apoyo para la adquisición de un mototractor.

En este punto, el pliego de la ASF es contundente, pues no sólo echa por tierra la afirmación de que no había otros motocultores que contaran con la certificación de OCIMA, sino que apunta que los adquiridos por el gobierno del estado resultaron excesivamente caros.

Mientras la Secretaría de Finanzas compró estos equipos, incluyendo sus implementos, en 114 mil 994 pesos cada uno, la empresa Weifang Ruijia Machinery Manufacturing Co. cotizó cada motocultor, considerando los implementos que se entregaron a los productores, en 21 mil 843 pesos.

Otros motocultores adquiridos por la empresa Taiwan Mayorista SA de CV fueron cotizados en 25 mil 475 pesos.

6. Finalmente, reiteramos que esta administración cumplió en tiempo y forma con la solventación de las observaciones hechas por la Auditoría Superior de la Federación, y está en espera de que dicha Instancia emita las observaciones finales.

La mejor prueba de que el pliego no ha sido solventado, es que el propio auditor especial de la ASF solicitó el 15 de octubre tanto al Órgano Interno de Control de la Sagarpa como a la Secretaría de la Contraloría del gobierno del estado de Puebla inicien procedimiento administrativo disciplinario en contra de 18 posibles responsables, entre los que destacan el ex secretario de Desarrollo Rural del estado, Pedro Adalberto González Hernández, y el ex encargado de Despacho de esa dependencia y actual subsecretario de Desarrollo Rural, Rodrigo Riestra Piña.

 

Hechas estas puntualizaciones, sólo me resta preguntar: de quién son las afirmaciones sin fundamento, quién en realidad pretende confundir a los lectores.

Los lectores tienen la palabra.

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C. Rodolfo Ruiz Rodríguez

Autor de la columna La Corte de los Milagros

Presente

Sirva este medio para ejercer nuestro Derecho de Réplica y reiterar nuestra postura en torno a la segunda parte de la columna que titula «Motocultores, corrupción al descubierto», en la que asegura que persisten irregularidades según la Auditoría Superior de la Federación.

1. Nuevamente hacemos hincapié en que la totalidad de las observaciones se solventaron en respuesta al pliego preliminar emitido por la ASF.
2. En  diciembre de 2013, una vez que el Gobierno del Estado de Puebla solventara en su totalidad las observaciones preliminares emitidas por la ASF, esta instancia fiscalizadora manifestó que: «la documentación proporcionada después de la presentación de resultados preliminares por el gobierno del Estado de Puebla se encuentra en análisis (…)» (sic), sin que a la fecha haya emitido las conclusiones finales respecto a esta auditoría.
3. En el pliego que emite la ASF en octubre de 2014 (documento al que refiere usted), prevalecen las observaciones preliminares, toda vez que esa instancia fiscalizadora no ha concluido con el análisis de las solventaciones presentadas por el Gobierno del Estado Puebla en 2013.
4. Con base en la evidencia presentada por esta administración estatal durante la solventación de las observaciones ante la ASF, se demuestra que los funcionarios encargados de ejercer los programas en concurrencia con la federación, han actuado de manera eficaz, eficiente, apegados a los criterios de economía, transparencia y honradez.

Por lo anterior, es imperioso esperar las conclusiones definitivas de la ASF para emitir un criterio respecto al programa ejercido de manera conjunta con la Federación, en estricto apego a las Reglas de Operación de la SAGARPA aplicables, en beneficio de los productores.

Sin más por el momento quedo de usted.

Atentamente

Avelino Hernández Vélez

Enlace de Comunicación Social de la SDRSOT