LA CORTE DE LOS MILAGROS

Guerrero podría estar más cerca de lo que parece

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Por Rodolfo Ruiz R.

No es por alarmar, pero las manifestaciones y hechos de violencia que se han registrado en varias ciudades del estado de Guerrero podrían replicarse en Puebla, por la insensibilidad de las autoridades estatales en el tratamiento de algunos conflictos no resueltos, entre ellos la restitución de los servicios del registro civil en decenas de juntas auxiliares, el incumplimiento de las recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos en el caso Chalchihuapan, los despidos de cientos de policías por no acreditar los exámenes de control de confianza, la expropiación o afectación de predios en Cholula para la construcción de un parque intermunicipal en la zona arqueológica, y la criminalización de la protesta social.

De acuerdo con fuentes especializadas en temas de seguridad pública y movimientos sociales, en Puebla se están gestando condiciones que podrían ser caldo de cultivo de enfrentamientos entre autoridades y grupos inconformes de distinta naturaleza, en los que destacan personajes que en la décadas de los setenta y ochenta tuvieron una activa participación en organizaciones estudiantiles, campesinas y populares, así como en partidos de izquierda, y que aparentemente estaban inactivos o retirados de la actividad pública.

Algunos de estos se encuentran ligados al movimiento de Los de Abajo, a los activistas opositores contrarios a las obras del Arco Poniente, el Parque Intermunicipal de Cholula, la Coordinadora Estatal en Defensa de la Identidad de los Pueblos (CEDIP), y la Liga Estudiantil Democrática (LED).

Este martes, para no ir muy lejos, salieron cinco autobuses de estudiantes de la BUAP con destino al estado de Guerrero, para sumarse a las protestas que llevan a cabo normalistas de Ayotzinapa en los municipio de Chilpancingo e Iguala para exigir la disolución de poderes en esa entidad y el rescate de 43 sus compañeros desaparecidos desde el 26 de septiembre.

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Congreso-del-estado

No lo cuente en voz alta, pero varios de los diputados integrantes de la LIX Legislatura del Congreso del estado están en desacuerdo con las medidas de austeridad recomendadas por el Comité de Adquisiciones y ratificadas este martes por la Junta de Gobierno y Coordinación Política.

Y es que entre estas se contemplan recortes de personal, so pretexto de una ingeniería administrativa y financiera, el congelamiento de las dietas de los diputados en 2015 y la disminución de partidas destinadas a la cobertura de servicios de internet en las áreas comunes del Poder Legislativo y el suministro de papelería, consumibles, alimentos del personal y servicios de fotocopiado y telefonía.

El malestar de algunos diputados radica en la discrecionalidad de estas medidas de austeridad, pues mientras a la mayoría de los diputados se les recortan recursos, a otros se les pagan comidas y cursos “patito” como a la coordinadora del grupo legislativo de Nueva Alianza, Susana Piña Riestra.

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A propósito.

En la sesión ordinaria de hoy se anunciará que el Proyecto de Presupuesto Anual de Egresos del Congreso del estado para el ejercicio fiscal 2015 será de 190 millones 982 mil pesos y el de la Auditoría Superior del Estado de 162 millones 903 mil pesos.

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