LA CORTE DE LOS MILAGROS

La crisis de RMV que podría tornarse en escándalo

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Si el gobernador Rafael Moreno Valle no sale ya a ofrecer una disculpa pública, y destituye por lo menos a un secretario de su gabinete, la crisis que enfrenta por el caso Chalchihuapan, la Ley Bala y la muerte del menor José Luis Alberto Tehuatlie Tamayo, puede tornarse en un escándalo que arruine no sólo su proyecto presidencial, sino a toda su administración en lo que resta de su sexenio.

A juzgar por las acciones y el discurso de sus operadores políticos, de medios de comunicación y redes sociales, da la impresión que el Ejecutivo estatal no ha dimensionado el tamaño de la crisis, ni identificado las causas que la originaron, ni los costos políticos y sociales que tendrá en el mediano y largo plazos en términos de su credibilidad e imagen pública.

Mientras más tarde el gobernador Moreno Valle en disculparse y atender las causas reales que la originaron —su intolerancia y modo autocrático de gobernar— sus márgenes de maniobra y operación se harán cada vez más estrechos.

La crisis de la Ley Bala ya pasó de una fase aguda, caracterizada por la presión de los medios, las redes sociales y la espectacularización de la información, a una fase crónica en la cual los acontecimientos y el repudio de la opinión pública y publicada lo están obligando a pagar los efectos políticos, jurídicos y administrativos que propiciaron el desalojo violento de la autopista Puebla-Atlixco, con un saldo de 40 policías lesionados, un número similar de pobladores y la muerte de un niño de escasos 13 años de edad.

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La abrogación de la Ley Bala es apenas el principio. Sin embargo esta acción resulta insuficiente dada la evolución de la crisis y los actores que se han involucrado en el conflicto que, dicho sea de paso, no se resolverá con millonarias gacetillas en medios nacionales, cuantiosas campañas o videos patrocinados en redes sociales, y la propagación de la insostenible versión oficial en medios locales carentes no sólo de lectores, radioescuchas o televidentes, sino de credibilidad y legitimidad.

Moreno Valle debe verse en el espejo de Mario Marín y el escándalo propiciado por la detención y encarcelamiento de la periodista Lydia Cacho por presiones del empresario Kamel Nacif.

Los errores que cometió el llamado Góber Precioso, los está repitiendo Moreno Valle y su equipo de asesores y operadores pero sin dimensionar que en ese caso hay una víctima en extremo sensible: un niño pobre, indígena y de apenas 13 años de edad, cuyo único pecado fue acompañar a su madre a una manifestación para reclamar la restitución de los servicios del registro civil a la junta auxiliar de San Bernardino Chalchihuapan.

Otro factor fundamental que el gobernador no está valorando, y que es el mayor detonante del escándalo en que se encuentra inmerso, son los agraviados que ha dejado su administración: miles de burócratas despedidos; decenas de empresarios excluidos de los contratos de obra pública y prestación de servicios, o de concesiones de transporte público o centros de verificación vehicular;  decenas de activistas presos y periodistas amenazados; y millones de ciudadanos afectados por las elevadísimas fotomultas, las nuevas tarifas de agua, los retenes viales y los operativos alcoholímetro del fin de semana, el pésimo estado de los pavimentos y la realización de obras faraónicas carentes de sentido social.

Estas son las verdaderas causas de la crisis. La lamentable y trágica muerte del menor José Luis Alberto Tehuatlie Tamayo fue sólo el detonante.

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