En puerta nuevo revés al gobernador y a su contralora
– El Poder Judicial federal ya ordenó a Amanda Gómez suspender la auditoría extraordinaria que inició a Aguilar Chedraui a finales de 2020
Además de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), el gobierno del estado está por recibir un nuevo revés de instancias federales a las que también ha acudido el exsecretario de Salud Jorge Aguilar Chedraui, ante las acusaciones de corrupción y desvío de recursos que en su contra han hecho el gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta, el titular de la Auditoría Superior del Estado (ASE), Francisco Romero Serrano, y exdiputados como Gabriel Biestro Medinilla.
Entre estas instancias se encuentran jueces federales y ministerios públicos adscritos a la Fiscalía General de la República (FGR), que ya han comenzado a pronunciarse y a dictar resoluciones en contra de actuaciones de la Secretaría de la Función Pública del estado, y su titular Amanda Gómez Nava.
Una de estas actuaciones es la auditoría extraordinaria de cumplimiento y gestión E-03/SSEP/2020 intitulada “Cumplimiento en la aplicación, ejecución de recursos financieros y obra pública de los Servicios de Salud del estado de Puebla” por los periodos comprendidos de 2011 a 2013, iniciada en noviembre de 2020.
El juez noveno de distrito en materia de amparo civil, administrativo y de trabajo, y de juicios federales en el estado de Puebla, Hipólito Alatriste Pérez, concedió la suspensión definitiva promovida por los abogados de Aguilar Chedraui en contra de este procedimiento de fiscalización, por irregular, inconstitucional y extemporáneo.
Los mismos abogados solicitaron la intervención del Ministerio Público Federal para que investiguen si los actos posteriores a la suspensión definitiva efectuados por la Secretaría de la Función Pública son violatorios de la Ley de Amparo y para que la Fiscalía General de la República abra, en todo caso, una indagatoria contra las autoridades locales responsables.
La resolución de fondo del amparo está en curso, pero todo indica que vendrá en el mismo sentido de la durísima recomendación de la CNDH, pero ahora en contra de la contralora estatal, Amanda Gómez, por promover una auditoría extraordinaria alegando que no encuentra documentación de ciertos expedientes, pero que en su momento fueron revisados por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y la Auditoría Superior del Estado (ASE) sin que reportaran faltantes.
Y es que dicha documentación, supuestamente faltante, le llegó a un medio de comunicación que a su vez la remitió a las autoridades correspondientes.
Se imagina el ridículo en que quedará la controlara Amanda Gómez cuando finalmente el Poder Judicial le diga que la auditoría extraordinaria que inició a finales del año pasado es inconstitucional y dolosa, después de las 52 auditorías que la ASF y la ASE le han practicado a Aguilar Chedraui, y que los documentos que dice no encontrar sí están o estaban archivos del propio gobierno del estado.
Cuadro de Control – Auditorias 2011 a 2013 by V1CTOR GARAY on Scribd
La negativa del gobernador a la recomendación de la CNDH
La decisión del gobernador Luis Miguel Barbosa de no aceptar la recomendación 75/2021 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) en contra suya y del titular de la Auditoría Superior del Estado, Francisco Romero Serrano, por los señalamientos que ambos hicieron en contra de Aguilar Chedraui, solo empeorará las malas relaciones que ya de por sí existen entre la Ombudsperson Rosario Piedra Ibarra y algunas autoridades poblanas, o entre altos funcionarios del gobierno federal y el mandatario estatal.
De entrada porque el titular del Ejecutivo no puede alegar que sus declaraciones las hizo en ejercicio de su libertad de expresión, y menos cuando por señalamientos que están muy por debajo del tono de los suyos tiene demandados a varios medios de comunicación y periodistas, incluyendo al que esto escribe.
Tampoco puede argumentar que la CNDH, pese a ser un organismo nacional, carece de competencia para pronunciarse sobre asuntos locales, como la queja que interpuso el exsecretario de Salud de Moreno Valle, ni facultades para hacerle una recomendación en términos de la ley en la materia.
Insistir en que la Comisión de Derechos Humanos de Puebla es la única instancia que debía conocer y resolver sobre la queja de Aguilar Chedraui, es un argumento pueril, por no decir patriarcal y caciquil.
Si en México los grandes casos de violaciones graves a los derechos humanos cometidos por autoridades y servidores públicos de entidades federativas no hubieran llegado a la Comisión Nacional, jamás habrían trascendido, pues la mayoría de las comisiones locales son controladas por los gobernadores, y la de Puebla no es la excepción.
La negativa del gobernador Barbosa seguramente será objetada por la Ombudsperson, quien podría optar por dos alternativas. La normal sería dirigir un nuevo exhorto a las autoridades locales objeto de su recomendación, para que la acaten y la cumplan, aun cuando no tenga carácter vinculatorio, y la radical, que la CNDH solicite al Senado la comparecencia del gobernador y del auditor para que expliquen su negativa o para que esta Cámara del Congreso de la Unión les inicie procedimientos administrativos.
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El que este lunes tendrá que pronunciarse, aceptando o rechazando, la recomendación 75/2021 que también le envío la presidenta de la CNDH, Rosario Piedra Ibarra, es el titular de la Auditoría Superior del Estado, Francisco Romero Serrano, cuya salida de este órgano es inminente.
A este servidor público, quien por cierto ya no tiene contacto con el gobernador Miguel Barbosa, el organismo nacional lo intruyó a pagar “una compensación justa y suficiente” al exsecretario de Salud de Moreno Valle, por los efectos causados por sus declaraciones acusándolo de corrupción y desvío de recursos públicos.
Y también a recibir, junto con sus demás auditores o personal que realice funciones de fiscalización dentro de la ASE, un curso de capacitación sobre derechos humanos, seguridad jurídica, legalidad, privacidad y protección de datos personales.
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