¿Más notarías como las otorgadas por Moreno Valle? ¡No, por favor!
La Dirección de Notarías se hace de la vista gorda ante el alquiler de patentes de notario
Solapan caso de acoso sexual en el Comité Ciudadano del Sistema Anticorrupción
Entre el gremio notarial poblano es creciente la molestia por las evidencias —cada vez más elocuentes— de que el gobernador José Antonio Gali Fayad también otorgará patentes antes de que concluya su corta gestión de 22 meses.
Pero también en contra del titular de la Secretaría General de Gobierno, Diódoro Carrasco Altamirano, y el presidente del Colegio de Notarios, Gerardo Lara Said, que se hacen de la vista gorda ante la venta o alquiler de notarías, como la número 1 de Cholula o la 2 de Puebla, o el inminente nombramiento de nuevos notarios al margen de los requisitos establecidos en la Ley del Notariado del estado.
El asunto se ha vuelto incómodo para Diódoro Carrasco, quien se molesta cuando le preguntan si Gali Fayad otorgará nuevas patentes, ya que entre los candidatos a una notaría está él, a través de su subsecretario de Gobierno, Roberto Pedro Martínez Ortiz.
Con Diódoro Carrasco podría repetirse la historia y el método que siguió Rafael Moreno Valle con el nombramiento de 29 notarías al final de su sexenio, en el sentido de que los titulares de las mismas son, en realidad, testaferros de quienes fueron sus colaboradores y funcionarios.
En el gremio notarial no es ningún secreto que el notario 10 de Cholula, Miguel Martínez García, es en realidad el ex secretario de Turismo, Ángel Trauwitz Echeguren; que la notaria 6 de Tecamachalco, Rosa Nallely Rodríguez Camacho, es la testaferra de Eukid Castañón Herrera; que la notaria 6 de Cholula, Alejandra Maupomé Cagigal, es una extensión de su marido, el ex secretario de Finanzas del ex gobernador Rafael Moreno Valle, Roberto Moya Clemente; lo mismo que la notaria 8 de Cholula, Alexandra Herrera Corona, de Sergio Moreno Valle Germán.
La molestia de los notarios y el foro de abogados de Puebla es más que justificada. Con Moreno Valle se otorgaron 29 notarías mediante un procedimiento totalmente opaco y sin que los favorecidos cumplieran con los requisitos de Ley, entre ellos sus prácticas durante un año, y con Gali Fayad las cosas marchan por el mismo derrotero.
De entrada no se explican por qué la Secretaría General de Gobierno y la Dirección de Archivos y Notarías tolera lo que sucede en las notarías 1 de Cholula, 2 de Puebla y 2 de Ciudad Serdán.
En los hechos el notario 1 de Cholula Enrique Camarillo Domínguez tiene prácticamente rentada su patente a un físico culturista de nombre Abel Velázquez y al empresario Enrique Veana Urueta, quienes incluso han llegado a firmar instrumentos notariales.
La notaría 2 de Puebla, que supuestamente está a cargo de Juan Tejeda Foncerrada, es operada con nuevos folios por el constructor Antonio Fabio Núñez Espinosa y su esposa María Lorena Campuzano Gorostieta, sin que se sepa cómo le hicieron o cuando obtuvieron los permisos para hacerlo.
Y la notaría 2 de Ciudad Serdán, cuya patente se otorgó a Horacio Lucas Wong Villareal, es operado en los hechos de manera pirata por Gabriel Castellanos Porras, con la anuencia del director de Archivos y Notarías, Mauricio García León, ya que —según se dice— es suya en realidad.
EN CORTO
El Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción parece de chocolate y a punto de derretirse, pues además de su documentada inactividad y después de la ejemplar declaración de su presidenta en el sentido de que “no golpeará instituciones públicas ya que podría cerrarse puertas”, en los últimos días ha pasado al inmoral encubrimiento de un caso de acoso y hostigamiento al interior del organismo.
Resulta que el titular de la Unidad de Riesgos, Evaluación y Políticas Públicas, Ugo Fernández Muñoz, quien aspiró a ser integrante de ese Comité, habría incurrido en prácticas de hostigamiento en contra de dos subdirectoras y una jefa de departamento, a las que él mismo había invitado a colaborar con él.
Ante el absurdo de que este tipo de conductas (que no detallaré por respeto a las víctimas) tengan lugar en la entidad ciudadana encargada de combatir la corrupción en todas sus formas y que por ende requeriría de personas con los más altos estándares éticos, Héctor Reyes Pacheco, secretario técnico del organismo, documentó suficientemente la queja de las agraviadas y con la seriedad debida exigió la renuncia del presunto responsable para solucionar el grave problema.
Pero cuál sería su sorpresa y en especial de las mujeres acosadas cuando otra mujer, en este caso Karen Berlanga Valdés anunció ante el personal del Comité de Participación Ciudadana que defenderá a su amigo y someterá a las afectadas a una prueba de polígrafo, con la venia del mismísimo gobernador y a contrapelo de sus recientes reformas en la materia, sin importarle que con ello las revictimice, mostrando así una nula solidaridad de género y violando tanto la Ley para el Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de Puebla como todos los protocolos del caso.
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Algo pasa en el Departamento de Adquisiciones, Proveeduría e Inventario de la BUAP, donde han venido dándose en los últimos quince días renuncias y despidos, entre ellas la del jefe del área Juan Pablo Olivares Bracamontes.
La jefatura del Departamento de Adquisiciones en realidad es la hermana de la abogada general de la Universidad, Delia Ávalos Méndez.
Entre los empleados que han renunciado figuran Atziri Arteaga Granillo, Serafín Sánchez, Nicté Rodríguez Garza, África Sánchez Vivar, Giovanni Méndez, Claudia Gómez, Lidia Limón Trillo, Teresa Priego Neri y Juan Pablo Olivares.
Los despedidos son Alejandro Mena Rodríguez, Liliana Valencia Rangel, Silvia Rodríguez, Elsa Olvera Vargas y Eduardo Vázquez.
Estos, por cierto, han comenzado a ventilar cuestiones que no serán del agrado de las autoridades universitarias.
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