¿Y las autoridades: son omisas o cómplices de ediles vinculados al crimen organizado?
El asesinato del presidente municipal electo de Nopalucan de la Granja, Félix Aguilar Caballero, mejor conocido como El Tanque, ha puesto al descubierto no solo la tolerancia de presidentes municipales con huachicoleros y asaltantes de trenes y camiones de carga, sino la complicidad de policías municipales y la falta de acción de las autoridades estatales para perseguir, combatir y detener a los principales operadores del crimen organizado.
Para la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y la Secretaría General de Gobierno (SGG) no era desconocido que “El Tanque”, como se le apodaba desde sus tiempos de policía judicial hace más de 12 años, fungía como el jefe de las bandas criminales que operan en la región.
Dicha información la tuvo en su momento Luis Maldonado Venegas y su sucesor en la SGG, Diódoro Carrasco Altamirano a través de Luis Arturo Cornejo Alatorre, quien fue subsecretario de Asuntos Políticos y ahora coordinador de asesores.
A este funcionario se le entregó documentación no sólo de El Tanque, y los pagos de 9 mil pesos que quincenalmente recibía de parte del ayuntamiento, sino de la corrupción y los negocios del presidente municipal saliente Rogelio Roque Torres, y algunos de sus regidores como Hilda Becerril Vilchis, Patricia Páez Ramos y Eusebio Mendoza Saviñón, y funcionarios como el director y subdirector de Obra Pública Simón Silva y Rodrigo Báez, la contralora Marlen Silva Ramos y el director de Seguridad Pública, Félix Hernández Méndez.
Para comprobar su enriquecimiento ilícito no hay que más comparar las casas que tenían con las que hoy poseen.
Mención especial merece el director de Seguridad Pública, quien se autonombra secretario. Éste no sólo rasuraba los salarios de sus policías, sino que prácticamente los mandaba a extorsionar a todo el que se dejara.
Por eso crecieron exponencialmente los robos a comerciantes y transportistas; los asaltos a trenes y camiones de carga, así como el trasiego de combustible robado, los homicidios y las violaciones.
En Nopalucan es vox populi que el comandante de la policía municipal, Mateo Méndez, primo del director de Seguridad, fue acusado de violar a dos menores de edad, y que esa situación nunca puso en riesgo su trabajo.
La descomposición y colusión de la Policía Municipal de Nopalucan con las bandas dedicadas al robo de mercancía y combustible es tan grande que en cualquier momento la Secretaría de Seguridad Pública del estado podría tomar el control de la comandancia.
Si esta decisión se alarga los riesgos de nuevas ejecuciones, como la que costó la vida al edil electo Félix Aguilar no sólo continuarán, sino que las pasiones y rivalidades históricas entre los vecinos de la cabecera y los de la junta auxiliar de Santa María Ixtiyucan, de donde era oriundo El Tanque, se desbordarán con consecuencias fatales.
Los gritos que se escucharon durante el funeral de Félix Aguilar deben prender focos de alerta, pues no son pocos los pobladores de Ixtiyucan que creen que los de Nopalucan lo mataron para impedir que uno de los suyos gobernara por primera vez este municipio.
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Este jueves se publicarán sendos desplegados en la prensa nacional y local denunciado la existencia de un cartel inmobiliario en Puebla que pretende despojar a conocidas familias de sus bienes y propiedades, echando por delante a ex ejidatarios.
Esta mafia tiene la complicidad de abogados como Rodolfo Aragón Mijangos, de ministerios públicos, funcionarios de la Secretaría de Finanzas y el Instituto Registral y Catastral, así como de empresarios favorecidos del poder.
Uno de los empresarios afectados por este cartel inmobiliario es Juan Pablo Huerta, dueño de un terreno en la zona de Angelópolis que su familia adquirió hace 60 años y que nunca ha sido ejido.
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