El cártel inmobiliario
Tolerada o en complicidad con altos funcionarios de la administración pública estatal, existe una mafia inmobiliaria que pretende hacerse de predios en distintas regiones de la entidad mediante trampas e inscripciones irregulares en el Registro Público de la Propiedad, dependiente del Instituto Registral y Catastral de la Secretaría de Finanzas y Administración del estado.
Una de las víctimas de estos abusos es el empresario Juan Pablo Huerta Cruz, hijo del extinto empresario taurino Juan Huerta Ortega, a quien pretenden despojar de un predio 12 mil metros cuadrados ubicado en la esquina que forman la Vía Atlixcáyotl y el Periférico Ecológico, en el municipio de San Andrés Cholula.
El terreno es reclamado por integrantes del ejido de Santa María Tonanzintla —José Tránsito Agustín Guevara Tototzintle y Cirilo Quéchol Quéchol—, pese a que éste es propiedad privada desde hace más de seis décadas, pues fue adquirido por el abuelo de Juan Pablo Huerta, don Reyes Huerta Velázquez, allá por los años cincuenta y escriturado a nombre de su hija Rocío Huerta Ortega en 1964.
Con el apoyo de funcionarios del Registro Nacional Agrario (RAN) y abogados que actúan en complicidad con estos, los ejidatarios consiguieron un título de propiedad que supuestamente les da derechos sobre unos terrenos en la zona de Angelópolis.
Digo supuestamente porque las medidas y colindancias de ese irregular título expedido por el RAN son incompatibles con el predio que Juan Pablo Huerta heredó tras la muerte de su padre, en enero de 2017.
No obstante, los miembros del cártel inmobiliario no han desistido de su interés de quedarse con el terreno, apoyándose en empleados y funcionarios del Instituto Registral y Catastral, la Secretaría de Finanzas y la Fiscalía General del Estado (FGE).
Éstos no han dudado en valerse de las peores prácticas para lograr su propósito, como arrancar las hojas de inscripción de la partida en la que se detallan todas las operaciones y pagos que se hicieron a los ejidatarios afectados del ejido de Santa María Tonanzintla; intentar conseguir en el Registro Público de la Propiedad una partida doble, con el título expedido por el RAN; promover un juicio de despojo en contra del legítimo propietario; y cambiando al registrador público de Cholula.
¿Quién protege a este cártel inmobiliario?
A ciencia cierta no lo sé, pero debe ser alguien de mucho poder, pues los ejidatarios tienen como abogados a Rodolfo Aragón Mijangos y Jorge Caram, con oficinas en la Torre JV3 de la Vía Atlixcáyotl, y con injerencia para influir sobre la ministerio público Gabriela García Baltazar y sobre diversas áreas del Instituto Registral y Catastral y el registrador público de Cholula.
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Fernando Rosales Solís, titular de la Fiscalía de Secuestros y Delitos de Alto Impacto (FISDAI) será quien sustituya a Víctor Antonio Carrancá Bourget en la Fiscalía General del Estado.
Su nombramiento fue acordado por el gobernador José Antonio Gali Fayad, la gobernadora electa Martha Erika Alonso Hidalgo (o su esposo el ex gobernador Rafael Moreno Valle) y el fiscal saliente Víctor Carrancá.
Antes de trabajar en Puebla, Fernando Rosales laboró en la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México. Su madre, Celia del Carmen Solís y Macías, también labora en la Fiscalía de Puebla como directora de Visitaduría.
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