Incertidumbre, el sello que hoy marca el ambiente político de Puebla
El TEPJF debe resolver lo antes posible el recurso de inconformidad
En la medida que el conflicto postelectoral en Puebla se alargue, la posibilidad de que las diferencias de los grupos políticos en pugna se zanjen parece cada vez más lejana.
¿Por qué?
Porque la polarización entre morenovallistas y barbosistas sigue a la alza y dirimiéndose con más pasión que razón en la calle —con marchas y manifestaciones de protesta—, en la opinión pública con desplegados de apoyo a favor de Martha Erika Alonso y pronunciamientos en contra de su fraudulenta imposición, y en medios de comunicación y en redes sociales, donde los seguidores y detractores de unos y otros mutuamente se descalifican.
Por todo ello, sería muy conveniente que el Tribunal Electoral del Estado de Puebla (TEEP) resolviera cuanto antes el recurso de inconformidad promovido por Morena y su candidato a la gubernatura, Luis Miguel Barbosa Huerta, aún cuando ya sabemos cuál será el sentido de su fallo, para que el juicio finalmente llegue al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
Estoy convencido que entre más rápido las instancias jurisdiccionales electorales resuelvan si los comicios de Puebla quedan firmes y Martha Erika es la futura gobernadora, o si éstos se anulan y se convoca a nuevas elecciones, será más fácil atemperar el ánimo y belicosidad que hoy muestran los antagonistas del conflicto postelectoral.
Si el relevo de autoridades en Puebla es uno de los más largos del país, de 166 días entre las elecciones de gobernador y la toma de posesión del nuevo ejecutivo, lo ideal sería que el TEPJF dictaminara sobre el recurso de inconformidad en 3 meses o 90 días, es decir el 1 de octubre.
Esto con el propósito de que la transición entre el gobierno de José Antonio Gali Fayad y el equipo de Martha Erika Alonso Hidalgo transcurra en los 76 días restantes, en caso de que el triunfo de la esposa de Rafael Moreno Valle se confirme, o que en los últimos 60 días del año se efectúen las elecciones extraordinarias, en caso de que los comicios del 1 de julio se anulen.
Prolongar la incertidumbre sólo crispará los ánimos entre el gobierno federal y el estatal, entre los dos bloques mayoritarios del Congreso local, entre los presidentes municipales electos de Morena y la impugnada gobernadora electa Martha Erika Alonso.
Por estricta legalidad, institucionalidad y prudencia política, el gobernador Gali Fayad debería esperar el fallo del TEPJF para comenzar los trabajos de entrega-recepción.
No vaya a ocurrir que el Tribunal anule las elecciones, y los equipos de transición de uno y otra se queden colgados de la brocha.
Por estricta legalidad, institucionalidad y prudencia política, Martha Erika Alonso debería aguardar la sentencia del TEPJF para hacer públicos los nombres de quienes integran su equipo de transición y los de aquellos y aquellas que serán parte de su gabinete.
No vaya a suceder que el Tribunal además de invalidar su triunfo y constancia de mayoría, la sancione prohibiéndole participar en una elección extraordinaria y dejando en el limbo a sus principales colaboradores.
Incertidumbre es sinónimo de inseguridad, desasosiego, duda e indecisión, y esta es la divisa que hoy marca el ambiente político e institucional en Puebla, mientras el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación no diga qué pasa con los comicios del 1 de julio: si los resultados de estos se ratifican o si estos se repiten con los mismos candidatos o con nuevos actores.
Lo más saludable para no ahondar más el conflicto y la polarización que hoy prevalece, es que en Puebla haya nuevos comicios y en estos no participen la esposa de Moreno Valle, ni el senador con licencia.
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