LA CORTE DE LOS MILAGROS

Atlas de Riesgo: ¿negocio o instrumento de prevención?

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Hoy le tengo más información sobre lo que parece un pingüe negocio de quien fuera coordinador de Vinculación Institucional y Participación Ciudadana del gobierno del estado, Fernando Morales Martínez, en la elaboración de Atlas de Riesgo para los municipios de la entidad que no cuentan con este instrumento de prevención de desgracias en caso de deslizamientos, granizadas, inundaciones, sismos, temperaturas extremas y erupción de volcanes.  Que mucho se agradece.

El dato más relevante es que Fernando Morales habiendo ya renunciado al gobierno del estado, pues es dirigente local del partido Movimiento Ciudadano (MC) acudió todavía este lunes a negociar personalmente en la Secretaría de Finanzas y Administración (SFA) la contratación y monto de estos instrumentos con algunos presidentes municipales de la Sierra Norte de Puebla.

Este hecho, que en sí mismo constituye un delito electoral, fue atestiguado no sólo por presidentes municipales, síndicos y secretarios generales de distintos ayuntamientos, sino consentido por funcionarios de la Subsecretaría de Administración de la SFA, lo que los hace copartícipes de esta flagrante violación a la ley.

De la situación tienen pleno conocimiento dirigentes del PRI y del PAN, quienes hasta el momento han guardado un cómplice silencio sobre la presencia del coordinador estatal de MC en la reunión de funcionarios de la SFA y presidentes municipales y el rol protagónico que Fernando Morales tuvo en la firma de distintos convenios, acordando con alcaldes montos, plazos y formas de pago.

¿En calidad de qué ha asistido Fernando Morales a las reuniones de la Secretaría de Finanzas con presidentes municipales, antes y después de su nombramiento como dirigente de Movimiento Ciudadano?

¿Si la elaboración de los Atlas de Riesgo es un asunto, según el mismo convenio, que sólo involucra al subsecretario de Administración, Rafael Ruiz Cordero, y los ayuntamientos, qué pitos toca Fernando Morales en la manufactura de estos instrumentos de prevención?

¿Acaso el hijo del ex gobernador Melquiades Morales es un especialista en protección civil, prevención y desastres naturales o en mitigación de fenómenos geológicos y climatológicos perturbadores?

¿Por qué si la Coordinación de Vinculación Institucional y Participación Ciudadana del gobierno del estado —de la que Fernando Morales fue titular hasta el 6 de septiembre— carece de atribuciones en materia de desastres naturales y protección civil, se le encargó negociar con presidentes municipales el desarrollo y elaboración de Atlas de Riesgo municipales?

¿De qué privilegios goza el dirigente de MC para garantizar a los presidentes municipales que contrataron el Atlas de Riesgo que no tendrán problemas con la aprobación de sus cuentas públicas?

¿Quiénes son los especialistas que harán estos instrumentos de prevención de desastres en nombre del gobierno del estado?

¿A qué empresa o sociedad mercantil pertenecen? ¿Cuánto cobrará por la elaboración de cada Atlas de Riesgo de medio millón y un millón de pesos?

¿La Secretaría de la Contraloría iniciará alguna investigación o, para variar, se hará de la vista gorda ante lo que parece un pingüe negocio del hoy dirigente de Movimiento Ciudadano?

Son preguntas, que conste.

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Aunque su toma de posesión estuvo marcada por la tragedia que invade a Puebla por las víctimas y daños que dejó el sismo del pasado 19 de septiembre y nuevos feminicidios, Alfonso Esparza Ortiz pudo sacar provecho de la coyuntura y rendir protesta para un segundo periodo rectoral de cuatro años en un ambiente de sobriedad y austeridad que mucho se agradece.

Ojalá y esta fuera la tónica de todos los informes y ceremonias de toma de posesión: Actos republicanos, con mensajes claros y concretos y sin salutaciones que terminan siendo besamanos o ritos de culto del tlatoani en turno.

Sin aspavientos, Alfonso Esparza habló de la votación histórica que obtuvo para un seguro periodo, lamentó la muerte de Mariana Fuentes y otros feminicidios, y ponderó de la necesidad de que la BUAP se involucre en asuntos públicos siempre a favor de los menos favorecidos ya sea por alguna circunstancia socioeconómica o por circunstancias de fenómenos naturales como el último sismo que azotó a la entidad.

 

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