Espionaje y política
Lo peor que podría suceder con la denuncia que el ex agente del CISEN, Rodolfo Raúl González Vázquez y otras que se han presentado ante la Procuraduría General de la República (PGR) por espionaje e intervención de comunicaciones privadas, es que el asunto se politice y se circunscriba en consecuencia a un conflicto electoral.
Si el ex gobernador Rafael Moreno Valle, quien es acusado por el senador Luis Miguel Barbosa —y otros actores políticos como su ex secretario de Gobierno, Fernando Manzanilla Prieto— de haber creado y financiado una estructura de espionaje, ya pidió al titular de la PGR, Raúl Cervantes Andrade, abrir una investigación para deslindar responsabilidades, hay que tomarle la palabra.
Esta situación quizás pueda evitar que en la campaña política del 2018 algunos audios de estas ilegales intervenciones telefónicas se conviertan en instrumentos de guerra sucia que dañen familias, honras y reputaciones de decenas de dirigentes partidistas, empresarios, periodistas, líderes sindicales y servidores públicos en funciones, incluido el jefe del procurador y algunos de sus compañeros de gabinete.
Nadie mejor que el PRI sabe que en la campaña por la gubernatura de Puebla del 2016, la guerra sucia que se instrumentó contra su candidata Blanca Alcalá Ruiz se nutrió de estas ilegales escuchas a su persona, familia y otros integrantes de su equipo.
¿Qué espera el procurador Raúl Cervantes para actuar y citar a los implicados en la supuesta red de espionaje?
¿A poco le parece irrelevante que un senador como Miguel Barbosa acuse a nivel nacional al ex gobernador Rafael Moreno Valle de haber espiado las llamadas del presidente Peña Nieto, el secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong; la titular de Sedatu, Rosario Robles y de los secretarios Luis Videgaray y José Antonio Meade?
¿O es que el procurador considera irrelevante que un ex agente del CISEN, como Rodolfo Raúl González, denuncie que los operadores del espionaje morenovallista podrían estar implicados en levantones y hasta en asesinatos?
La verdad es que no hay motivos que justifiquen la desidia, indolencia y negligencia que la PGR ha mostrado para investigar lo que en este espacio se anticipó —y documentó desde el 4 de julio del año en curso— sobre la existencia de cientos de audios y transcripciones de conversaciones privadas de figuras políticas relevantes, que ilegalmente se habían obtenido con la ayuda de aparatos y equipos de espionaje adquiridos durante el gobierno de Moreno Valle.
La PGR está obligada a actuar de inmediato, a partir de la denuncia que el 24 de agosto recibió del empresario Anwar Salomón y el referido ex agente del CISEN, acusando al ex gobernador Moreno Valle, al diputado federal Eukid Castañón y al supuesto coordinador operativo de la red de espionaje Roberto Rodríguez Acosta, de los delitos de asociación delictuosa, intervención de comunicaciones privadas y amenazas.
Lo menos que se espera de la Procuraduría es que investigue el caso, indague el origen de las intervenciones telefónicas que han comenzado a divulgarse en internet, mande a comparecer a los supuestos implicados en la red de espionaje, establezca si estos guardan alguna relación con esas ilegales grabaciones, y deslinde responsabilidades.
No hacerlo sentará un pésimo precedente de impunidad y de complicidad con quienes se han beneficiado de estas actividades al margen de la ley y el estado de derecho.
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