LA CORTE DE LOS MILAGROS

Archiv para 25 septiembre, 2017

Que se mochen las que más ganaron

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Antes de pedir un préstamo para contar con recursos que hagan frente a los daños causados por el sismo, el gobierno del estado debería explorar otras alternativas que pasan por revisar los contratos de Asociación Público Privada (APP) y de Proyectos de Prestación de Servicios (PPS), firmados por la pasada administración, para que los recursos del Impuesto Sobre Nóminas (ISN) y de otras partidas se destinen a los damnificados y a la reconstrucción de viviendas y escuelas.

El gobernador José Antonio Gali Fayad y los secretarios de su gabinete deberían buscar que en aras de la emergencia impuesta por los estragos del terremoto, las empresas favorecidas con esos multimillonarios contratos, donen los pagos correspondientes en lo que resta de su administración a favor de los damnificados.

O que acepten que estos pagos se difieran, sin cobrar intereses, hasta enero de 2019, justo después de que concluya su gestión de 22 meses.

Lo anterior no es descabellado. Hablamos de empresas de un gran capital económico y financiero que no van a quebrar o a comprometer su futuro si donan esos pagos o aceptan que éstos se reanuden con la próxima administración gubernamental.

Apycsa de los hermanos Abed Rouanett tienen un contrato de 3 mil 800 millones de pesos por el Centro Integral de Servicios (CIS); la Peninsular Compañía Constructora, de los Hank Rhon, un contrato de 7 mil 280 mdp por el Museo Internacional Barroco; y Construcciones y Desarrollos Inmobiliarios Santa Fe (Codesa), un contrato de 10 mil 800 mdp por la construcción de las plataformas de Audi.

A la lista habría que sumar a las empresas que se han visto favorecidas con otras concesiones igualmente millonarias como Aguas de México de los Gutiérrez Cortina e Interacciones de los Hank Rhon, que se quedaron con la concesión de los servicios del Soapap; y Estrella Roja, que se quedó con la concesión de los autobuses Bicentenario que circulan por el Anillo Periférico Ecológico.

El gobierno estatal también debería gestionar que las constructoras y constructores que en el sexenio pasado fueron favorecidos con multimillonarios contratos de obras se mochen con donaciones igualmente generosas.

En esta lista habría que incluir a los hermanos de origen oaxaqueño Felipe de Jesús y Elfego García Ojeda, a quienes acaban de entregar los trabajos de construcción de la Línea 3 de RUTA en 248.29 millones de pesos; a los hermanos Abed Rouanett que acaban de ganar la construcción del Bulevar Carmelitas, ahora a través de Alfa Proveedores y Contratistas que el sexenio pasado obtuvo contratos por más de 500 millones de pesos; y al inmobiliario Andrea Ambrogi Domínguez y sus socios políticos que fue beneficiado con decenas de contratos a través de diferentes razones sociales.

Otra posibilidad que el gobernador Gali Fayad y sus secretarios deben valorar es recurrir a las donaciones en especie, como la que hará en los siguientes días Cerámica Santa Julia de Noé Peñaloza que llevará 25 tráileres de productos de construcción a las comunidades y municipios de la Mixteca afectados por el sismo.

Si Cerámica Santa Julia puede donar 25 tráileres o 270 mil piezas de material de construcción con valor comercial de 3 millones de pesos y de producción de 2.5 mdp, a pesar de no haber sido favorecida con contratos en el gobierno de Moreno Valle, uno supondría que Cemex puede dar algo más que 40 toneladas de cemento con un valor aproximado de 92 mil pesos.

Sobre todo considerando que el sexenio pasado obtuvo contratos por más de 1,300 millones de pesos, y que otras constructoras vinculadas a personajes cercanos a Enrique Peña Nieto o al secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong, consentidas por la administración morenovallista con multimillonarios contratos y concesiones, también podrían hacer generosas aportaciones a los damnificados de la Mixteca.

Para facilitar esta labor publicaré a continuación una relación de constructoras que el gobierno de Moreno Valle benefició con obras cuyos montos superan los 300 millones de pesos.

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