LA CORTE DE LOS MILAGROS

Archiv para 24 septiembre, 2017

Urge poner el acento en la reconstrucción de viviendas

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  • Protección Civil debe hacer pública la relación de inmuebles revisados y dictaminados
  • San Alejandro, un claro ejemplo del favoritismo en la obra pública de mala calidad

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Por la ausencia de víctimas fatales, la dimensión del sismo del pasado martes en algunas comunidades y municipios de la Mixteca poblana no está siendo valorada en su justa dimensión, sobre todo en cuanto al número de viviendas dañadas y que deben demolerse por el movimiento telúrico de 7.1 grados en la escala de Richter.

Sólo en el estado de Puebla el número de viviendas afectadas por el sismo rebasa la friolera de 12 mil 500, de las cuales unas 2 mil 600 —la gran mayoría en comunidades de la Mixteca— tienen daños irreparables, por lo que tienen que demolerse.

La primera cifra equivale al número de viviendas que en Puebla colocará el Infonavit a lo largo de todo este año.

En varias de las comunidades afectadas el problema va más allá de la escasez de alimentos o víveres para sortear la tragedia; la situación es más complicada, pues la gente quedó sin un techo o con una casa inhabitable que tiene que ser derruida ante el riesgo de que se desplome en cualquier momento.

Allí la gente necesita algo más que despensas y agua embotellada; lo que requiere son voluntarios que los ayuden a retirar los escombros y salvar sus pocas pertenencias; maquinaria pesada para derribar muros y techos que ya no sirven; picos, palas, carretillas y otras herramientas; pero sobre material de construcción, blocks, ladrillos, arena, cal, varillas y cemento, para comenzar a reconstruir sus casas.

Nada de eso está llegando a los centros de acopio y a las comunidades más afectadas, en las que por fortuna no hubo muertos, pero en las que sí hay decenas o cientos de casas que tienen que ser demolidas, para hacer otras nuevas.

Ahí es dónde está fallando la coordinación de las autoridades de los tres órdenes de gobierno; ahí es donde deben aplicarse a fondo y diseñar —en conjunto y desde ya— una serie de acciones y programas que faciliten a empresas, constructores y particulares el envío de equipo y maquinaria pesada para la remoción de escombros; para la recolección, aportación y reparto eficiente de herramientas y material de construcción, y para que los damnificados y comunidades comiencen a reconstruir sus casas sin trabas burocráticas, cargas impositivas y regulaciones que no sean las estrictamente necesarias para impedir que estas vuelvan a caerse en caso de otro sismo.

Las autoridades locales deben echar mano de todos los recursos a su alcance, comenzado por los recaudados del Impuesto Sobre Nóminas (ISN), para las tareas de reconstrucción de viviendas, escuelas públicas y carreteras de las comunidades afectadas; exentar del pago de impuestos y derechos a los damnificados, empresas y particulares que aporten —en efectivo o en especie— para la reconstrucción; alentar e incentivar la participación y solidaridad ciudadanas para que éstas se prolonguen lo más posible.

Las autoridades también están obligadas a vigilar que las aportaciones de la gente realmente lleguen a los afectados, sin distingos ni colores partidistas; a garantizar el uso eficiente y transparente de los recursos públicos y privados destinados a la reconstrucción; y castigar de manera ejemplar a los funcionarios que, aprovechándose de la tragedia, desvíen recursos, pidan moche o metan a sus constructoras; y a los políticos y partidos que inmoralmente se promuevan a costa de los damnificados.

EN CORTO

Ahora que las autoridades andan tan preocupadas por atender a las víctimas del terremoto e iniciar la reconstrucción de las viviendas, escuelas, templos y monumentos públicos dañados, no estaría de más que se dieran un tiempo para revisar quiénes fueron las constructoras y los directores responsables de obra de varios edificios nuevos o relativamente nuevos que resultaron afectados, incluso estructuralmente, en la zona de Angelópolis, el Parque del Arte, Plaza Dorada, Sonata, Ciudad Judicial, Bulevar Las Torres y la vía Atlixcáyotl.

Y también que informaran a la población si los daños en estos inmuebles nuevos o relativamente nuevos están relacionados con alguna falla estructural o de cálculo durante su construcción.

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La Dirección de Protección Civil del estado y la capital deberían estar obligadas a publicar una relación de los inmuebles que han revisado y dictaminado positiva o negativamente para funcionar como vivienda, escuela, centros comerciales, oficinas o centros de atención y servicio al público.

Lo anterior para deslindar responsabilidades, presionar a que los peritos que llevan a cabo estos trabajos y dar seguridad a quienes los ocupan.

Entre las personas que regularmente asisten o trabajan en estos inmuebles hay el fundado temor de que estos no fueron revisados a consciencia o que no resistirían un nuevo sismo.

Los más preocupados son los empleados del Instituto Electoral del Estado, Ciudad Judicial, Poder Judicial Federal, Dirección de Escuelas Particulares de la SEP, Subdelegación Sur del IMSS y de diferentes escuelas, universidades y centros de salud que operan en viejos edificios del centro de Puebla, Cholula, Atlixco e Izúcar de Matamoros.

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Médicos y ex dirigentes sindicales del IMSS cuentan que el Hospital de San Alejandro del IMSS, que ahora será demolido, fue una obra que desde su construcción tuvo problemas.

Sus trabajos no se licitaron, sino que se asignaron de manera directa a una recomendada del extinto Ángel Aceves Saucedo, y de cual era dueño Raúl Carpinteyro Vera, actual presidente de la Academia Prospectiva de Ingenieros.

En virtud de todos los vicios ocultos y fallas encontrados en el inmueble, el IMSS se rehusó a pagar decenas de millones de pesos a la constructora del amigo de Ángel Aceves, por lo que el asunto terminó dirimiéndose en tribunales.

Después de un largo juicio la empresa de Raúl Carpinteyro logró que le cubrieran parte de los adeudos que reclamaba, sin embargo las fallas en el Hospital continuaron agravándose en los subsiguientes años.

La crisis llegó el martes 19 de septiembre después del sismo de 7.1 grados. San Alejandro fue desocupado totalmente, pero metió a los demás nosocomios del Instituto y del estado en un problema, ya que las camas de éste representan la mitad de las camas hospitalarias del IMSS en Puebla.

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